La inteligencia artificial (IA) se erige como una herramienta revolucionaria en el sector jurídico, prometiendo ser un baluarte en la lucha contra la corrupción mediante la detección de conductas y comportamientos corruptos.
En una era donde la tecnología y la inteligencia artificial (IA) avanzan a pasos agigantados, surge una nueva aplicación de la IA en el sector jurídico. Esta tecnología promete ser una herramienta eficaz en la lucha contra la corrupción, ofreciendo soluciones innovadoras y disruptivas para detectar comportamientos y conductas corruptas.
La inteligencia artificial ha sido objeto de numerosos estudios y debates, especialmente en su aplicación al derecho. Aunque tradicionalmente se ha utilizado como una herramienta de productividad para agilizar la producción o el procesamiento de textos jurídicos complejos, su potencial va más allá. La pregunta que surge es: ¿Puede la inteligencia artificial servir como elemento de corrección conductual colectiva y acabar con la corrupción?
Aplicación en el Sector Jurídico:
En el sector jurídico, se vislumbra la existencia de una IA entrenada específicamente para detectar comportamientos y conductas compatibles con la corrupción. Esta tecnología tendrá la capacidad de analizar comunicaciones por email, documentos financieros o jurídicos, y tomar en cuenta estados emocionales y factores externos, como la hora de comunicación y el uso de cuentas de correo particulares. Aunque pueda parecer ciencia ficción, ya es una realidad.
Los usos de esta IA son extensos y cubren todos los aspectos del denominado compliance, incluyendo corrupción, prácticas colusorias y blanqueo de capitales. Además, puede ser de gran utilidad en operaciones de M&A, permitiendo a los compradores tener un conocimiento razonable de los riesgos inherentes a la adquisición de la compañía target.
Beneficios y Retos:
Las empresas que adoptan esta tecnología pueden obtener una relación coste-beneficio incuestionable y mejorar su reputación y posicionamiento en el mercado. Sin embargo, el verdadero reto radica en popularizar esta tecnología entre el sector público y las pymes. Aunque los beneficios son claros y evidentes, la relación coste-beneficio podría resultar más cuestionable para las pymes y el sector público.
Sería deseable que los poderes públicos fomentaran el uso de esta tecnología a través de beneficios fiscales y méritos para la contratación, incentivando la actualización o reemplazo de determinados bienes en beneficio de un interés superior, como la transparencia.
La inteligencia artificial se presenta como una aliada en la lucha contra la corrupción, ofreciendo soluciones innovadoras en el sector jurídico. Aunque los beneficios son evidentes, es crucial fomentar su uso en el sector público y entre las pymes para aprovechar plenamente su potencial. La transparencia y la lucha contra la corrupción son intereses superiores que deben ser promovidos por las autoridades, abrazando los beneficios de la IA.
