Cualquier empresa puede verse involucrada en un caso de corrupción por lo que un programa de compliance penal ayudará a reducir su impacto legal.
Bien por la participación de sus socios propietarios o bien por la involucración de alguna persona colaboradora, cualquier empresa puede sufrir un caso de corrupción. Para evitar estas situaciones y el daño que ocasione a la reputación de la empresa, necesitaremos la implantación de un sistema de compliance penal.
La incorporación del compliance penal para empresas permitirá a cualquier organización empresarial controlar y prevenir conductas ilícitas durante el ejercicio de la actividad laboral. Además, ayudará a comprobar que la empresa rechaza tener algo que ver con cualquier negocio o persona que incumpla con la ley.
Cumplir la ley a través del compliance
En las microempresas, el cumplimiento y control de las normas recae directamente sobre la persona emprendedora. A diferencia de ellas, las medianas y grandes empresas tienen la posibilidad de tener comités o herramientas éticas permitirán que se mantenga vigilado y controlado.
En ambos casos, es esencial implantar un sistema de compliance que cuente con rutinas de análisis de riesgos, un código ético, auditorías y un canal interno de denuncias, entre otros.
Deberes y sanciones
La ley nº 9699 regula la prevención y control sobre los delitos de corrupción que ocurran tanto dentro como fuera de la empresa.
El artículo 11 describe las sentencias aplicables a este tipo de prácticas ilícitas:
En todos los delitos aplicables siempre se impondrá una sanción de multa de 1.000 hasta 10.000 salarios base, con excepción de las empresas contempladas en el artículo 10, a las cuales se les impondrá una sanción de multa de 30 a 200 salarios base.
- Pérdida o suspensión de los beneficios o subsidios estatales de los que goce, por un plazo de tres a 10 años.
- Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar o participar en concursos o licitaciones públicas o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, por un plazo de tres a diez años.
- Anulación para gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social, por un plazo de tres a diez años.
- Cancelación total o parcial del permiso de operación o funcionamiento, las concesiones o contrataciones obtenidas producto del delito.
- Disolución de la persona jurídica, esta sanción solo podrá aplicarse si la persona jurídica hubiera sido creada al solo efecto de la comisión del delito o si la comisión de delitos constituye su principal actividad.
Fuente: El Financiero
