Ferrovial, una de las empresas más grande de España, trasladará su sede a Países Bajos para beneficiarse de una fiscalidad más baja
La empresa constructora Ferrovial ha comunicado su decisión de abandonar España. La empresa ha presentado su propuesta de fusión entre su matriz y Ferrovial International, una sociedad anónima europea neerlandesa que ya controla el 86% de sus activos. Esta fusión implicará el traslado de su sede principal a Ámsterdam y comenzará a cotizar en Países Bajos. Además, la compañía buscará ingresar en la Bolsa de Valores de Estados Unidos.
Este movimiento implicaría el traslado del domicilio social de España a Países Bajos y supondría un ahorro del 5% en los beneficios obtenidos a través de los dividendos recibidos por las filiales del grupo en el extranjero.
Fuentes cercanas a la empresa señalan que este cambio también puede resultar beneficioso para los altos ejecutivos del grupo, quienes podrían aprovechar la política fiscal más permisiva del país europeo.
Ferrovial justifica esta propuesta en el hecho de que es una empresa internacional cuya mayoría de negocios se desarrollan fuera de España. De hecho, el 82% de los ingresos obtenidos en 2022 se generaron en el mercado internacional, mientras que el 90% de su valor en bolsa proviene de fuera del país. Algunos en el sector destacan que otras empresas, como Stellantis, han seguido este mismo camino tras la fusión de PSA Groupe y Fiat Chrysler.
Ferrovial pagará menos impuestos
Esta decisión de Ferrovial puede entenderse como una clara señal al Gobierno en relación a su política fiscal. No obstante, está por verse si la mudanza de Ferrovial provocará un efecto llamada en otras grandes empresas que ya han expresado su descontento por la limitación de la exención de los dividendos y las plusvalías en el extranjero.
En 2018, Ferrovial ya trasladó su holding internacional de Reino Unido a Países Bajos. En aquel momento, la operación se llevó a cabo para evitar los posibles efectos negativos del Brexit.
No obstante, la operación actual aún no se ha llevado a cabo, sino que está sujeta a la aprobación de los accionistas en la próxima junta. Aquellos que voten en contra podrán ejercer el derecho de separación, aunque este no podrá superar los 500 millones de euros.
Fuente: El Economista
