InicioLegalLos plazos de extranjería crecen y son incumplidos por la Administración

Los plazos de extranjería crecen y son incumplidos por la Administración

El aumento de solicitudes desborda a las Oficinas de Extranjería, que se demoran hasta siete meses en resolver trámites que deberían tener un plazo de 45 días.

Los abogados de extranjería en Madrid se quejan de que los plazos para resolver solicitudes se han disparado en las oficinas y la mayoría incumplen los tiempos que marca la ley. Las demoras están afectando a cientos de miles de personas, que ven retraso en las autorizaciones de residencia y trabajo por arraigo.

Precisamente, las peticiones de extranjería por arraigo social son las más numerosas (cerca de 100.000) y sirven a los extranjeros para regularizarse después de dos o tres años viviendo en el  país. Actualmente, la ley marca un plazo máximo de 90 días para resolverlas, pero la media de todo el país está ya en 108 días. Más de dos meses de demora extra.

Los recursos y la eficiencia de las oficinas de extranjería son un tema estrella en los informes del Defensor del Pueblo. La institución señala desde el año 2012 las demoras y la falta “de medios humanos y materiales” que dificultan “la gestión eficaz” de los procedimientos.

Los problemas de extranjería y la pandemia

El confinamiento terminó con las citas presenciales y provocó una caída de las solicitudes. Esto permitió a la mayor parte de las oficinas resolver los expedientes que acumulaban, aliviando así la carga de trabajo que venían arrastrando. El ritmo de resoluciones sigue al alza, pero en los cajones hay aún 165.572 expedientes pendientes de respuesta, un 24% más que al cierre de 2019. Una vez superadas las restricciones, además, con fecha de 27 de noviembre se habían registrado ya 760.745 nuevas solicitudes, un 13% más que en todo 2020.

Las demoras son ya la principal queja en las oficinas de extranjería. El panorama se ha transformado en poco tiempo. Antes y durante la pandemia el problema más grave era la obtención de citas para poder presentar las solicitudes. El colapso del sistema alimentó un mercado negro en el que se podían llegar a vender hasta por 200 euros.

Fuente: El País

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