Bajo el lema “quien contamina paga”, cada día se aplican más fórmulas tributarias para combatir el uso de plástico.
Una de estas medidas es el impuesto sobre el plástico no reutilizable (IPNR), que comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2023. Este impuesto, regulado en la Ley 7/2022 del 8 de abril, nace con una finalidad ecológica.
A pesar de ello y a tan solo unos meses de su entrada en vigor, existen varias dificultades a la hora de ponerlo en marcha.
Inconvenientes del impuesto del plástico
Uno de los inconvenientes principales es el incremento que supone para toda empresa de fabricación de plástico este nuevo tributo. Su implantación elevará en origen los precios de ciertos productos implicados en el uso de estos plásticos para su embalaje y transporte.
Por ello, patronales de supermercado y organizaciones solicitaron retrasar esta medida hasta el 1 de enero de 2024. El motivo de esta solicitud es que consideran que “no es el momento de aplicar un nuevo impuesto que solo repercutiría negativamente en la competitividad de las empresas y sobre el consumidor”.
Su queja va alineada con la complejidad que supone poner en marcha un impuesto como este, el cual necesita ser desarrollado de forma reglamentaria, explicando detalladamente los procedimientos y trámites administrativos a seguir, crear documentación y desarrollar aplicaciones informáticas para su gestión.
Este nuevo impuesto busca reducir el consumo de plástico no reutilizable, material que en la mayor parte de las ocasiones forma parte del envasado o el packaging de una multitud de productos, ya sean de uso cotidiano o industrial.
El hecho imponible estará determinado por la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de bienes. La excepción que contempla la ley son los medicamentos, productos agrícolas, productos reutilizables y reciclado mecánico certificado, que estarán exentos de tributación.
Por ello, sectores como el de automoción, la alimentación, el textil, el transporte o el de componentes industriales serán los principales contribuyentes, al ser los que más cantidad de este plástico utilizan, de ahí que sean estos sectores los que han lanzado la voz de alarma para su puesta en marcha en poco más de seis meses.
Fuente: Cinco Días
