La Unión Europea le ha marcado como requisito a España el reformar el sistema de pensiones para recibir los fondos europeos
De acuerdo con un comunicado publicado recientemente, España podría verse afectada por la suspensión de parte de los fondos de recuperación si no cumple con los plazos acordados con la Unión Europea para llevar adelante la reforma de las pensiones. La medida que se aplicaría en este caso sería la máxima sanción contemplada en el procedimiento de suspensión de pagos para los retrasos en la entrada en vigor.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha estado trabajando en la reforma con sus socios de gobierno y espera llegar a un acuerdo antes de finales de febrero. Aunque cabe destacar que la reforma debía haberse aprobado a finales del año pasado.
Por otro lado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que España ya ha cumplido el 75% de sus obligaciones presupuestarias y ha gestionado los recursos de manera conjunta con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Además, el Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo está visitando España esta semana para supervisar la gestión de los fondos europeos.
Cuál sería la penalización de los fondos europeos
En cuanto a la metodología de las penalizaciones, si España no cumple con la reforma de las pensiones, se produciría una congelación de los fondos durante seis meses. Si en ese plazo se produce la reforma solicitada por la UE, los fondos se transferirían a la Administración Pública española de forma inmediata. De lo contrario, Bruselas no enviaría los fondos correspondientes a ese objetivo.
Es importante mencionar que la suspensión de los fondos no implicaría la cancelación de todo el monto destinado a España, sino únicamente la parte correspondiente al cumplimiento del objetivo de la reforma de las pensiones. Para ello, se calcularía el valor total de los fondos (69.528 millones de euros) y se dividiría entre el número de objetivos a cumplir. No obstante, la Comisión ha añadido una serie de «factores correctores» para cada uno de los objetivos y metas a fin de establecer si se han cumplido y en qué medida. Se aplicarían coeficientes en relación a la importancia de cada objetivo y la profundidad de la brecha de implementación que representa. Una vez establecidos estos «valores unitarios corregidos», se realizarán ajustes al alza y a la baja en cada caso concreto.
Fuente: La Vanguardia
