Las comunidades y el Ministerio de Derechos Sociales aprueban un plan para desarrollar la ley contra el acoso.
En el curso 2022-23, todos los centros educativos, ya sean públicos, privados o concertados, deberán contar con un coordinador de bienestar y protección. Este coordinador será la figura de referencia en los centros, y los niños podrán acudir en caso de que sean víctimas de violencia, desde el bullying al abuso o maltrato.
Serán los responsables de actuar ante casos sospechosos y de velar por que se cumplan los protocolos contra cualquier forma de violencia. Para entonces esta figura también deberá estar operativa, bajo el nombre de delegado de protección, en las entidades que realicen actividades deportivas y de ocio.
El acuerdo contra el acoso:
Un acuerdo aprobado por 10 autonomías. Sin embargo, seis se han abstenido, con la intención de consultar previamente con las consejerías de educación, y solo el País Vasco ha votado en contra. Durante la tramitación parlamentaria de la ley, el PNV ya había mostrado su rechazo por motivos competenciales.
“Es una tarea urgente que incluimos en la ley y que debemos poner en marcha tan pronto como sea posible”, ha dicho durante el encuentro la ministra, Ione Belarra. “Deben ser la pieza clave que se encargue de que se implementen los planes y protocolos en el ámbito educativo y en el ocio y el deporte, de escuchar a los menores y sus avisos sobre cualquier tipo de violencia, y de comunicar situaciones de riesgo”.
También se ha pactado que en los cuatro primeros meses del año se consensue un documento con recomendaciones y criterios comunes que deben contener los protocolos, que son muchos y deberán ser sometidos a evaluación.
Fuente: El País.
