España es el segundo país del mundo con mayor cantidad de cotorra argentina, acumulando más de 20.000 ejemplares.
Existen diferentes especies exóticas invasoras que suponen una amenaza para las especies autóctonas. Además de ello, sus presencias pueden suponer un riesgo para los ecosistemas y las actividades ligadas al patrimonio natural.
Uno de los casos más populares es el de la cotorra argentina. Esta ave originaria de Sudamérica se encuentra en más de 140 municipios de todo el territorio español. Este dato convierte a España en el segundo país a nivel mundial con mayor número de cotorras argentinas.
Pero, ¿por qué suponen un problema? Entre los diferentes motivos por los que es considerada una especie invasora y peligrosa destaca su manera de alimentarse, ya que compite por la comida contra otras especies autóctonas y caza huevos y pollos de aves más pequeñas. Junto a este motivo, se incluye el daño que estas aves producen a los cultivos y la vegetación, al utilizarlos para crear sus enormes nidos.
Según el informe de SEO/BirdLife, esta especie llegó importada como aves de jaula. Bien de forma accidental o a causa del abandono, gran parte de estas aves han acabado en el medio natural. Allí han encontrado refugio, alimento y un clima similar.
Esto ha ocasionado que la especie se reproduzca de forma masiva, incrementando su número exponencialmente en muy pocos años.
Situación legal de la cotorra argentina en España
Desde el año 2011, el Ejecutivo corroboró el daño que esta especio de aves suponen para otras especies y el ecosistema. A raíz de ello, la cotorra argentina comenzó a formar parte del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. De esta forma, el comercio y tenencia de estas aves queda prohibida en el país.
Según el Gobierno, «figurar en este catálogo no sólo supone prohibir su comercio, sino que obliga a las administraciones a que prevengan su expansión y a controlar sus poblaciones, extrayendo a los ejemplares del medio natural.”
Y no solo eso. Introducir especies pertenecientes a ese catálogo en los ecosistemas españoles está sancionado por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con infracciones que pueden ser graves o muy graves en función del valor del daño causado, pudiendo imponerse sanciones graves desde 3.001 euros hasta los 2.000.000 de euros.
Fuente: 20 minutos
